El 62 % de las casi 400.000 plazas son públicas, según un informe de las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
Sólo 5 Comunidades Autónomas alcanzan la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020.
«La ratio de plazas residenciales para personas mayores se mantiene por debajo del criterio marcado por la OMS» denuncia la Asociación de Directoras Y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes ha publicado un informe que analiza los datos publicados por el IMSERSO de las 5.542 residencias españolas.
En la actualidad, en estos 5.542 centros hay 389.031 plazas residenciales para personas mayores (1.435 centros son centros públicos y 4.107 son privados). Para esta asociación, «siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España».
El informe de esta asociación refleja que el índice de cobertura de plazas por personas mayores de 65 años en España es de 4,2% (un 2,6% de plazas de financiación pública -propias o concertadas- y un 1,6% de financiación privada). La comunidad con mayor índice de cobertura es Castilla y León, con un 7,8%, y la que menos, la Región de Murcia, con 2,3%.
Asimismo, el número medio de plazas por centro es de 70 Plazas (la media más alta está en la C. Madrid, 110 plazas por centro, y la más baja, la de Extremadura, 46).
El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020. Sin embargo, en este mismo tiempo las plazas residenciales solo se han incrementado en 20.226, según el informe recientemente publicado por el IMSERSO.
En consecuencia, «la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,22, lo que la aleja del objetivo del 5% que aconsejan los organismos internacionales», lamentan desde la Asociación de Directoras Y Gerentes de Servicios Sociales.
plazas residenciales en españa
El 62% de las plazas en residencias son públicas
El 62% de las plazas -242.206- son de financiación pública y el 38% -146.825- son plazas de financiación privada.
El informe refleja diferencias muy significativas entre las distintas comunidades autónomas, siendo el País Vasco la comunidad con mayor porcentaje de plazas públicas, con el 74% y la que menos, Galicia con tan solo el 41% de las plazas públicas.
En este sentido, Aragón y la Comunidad Valenciana son las 2 comunidades que más aumentan el número de plazas residenciales de financiación pública, Aragón las aumenta en más de un 100% y la Comunidad Valenciana en un 30%.
El índice de cobertura de plazas por personas mayores de 65 años en España es de 4,2% (un 2,6% de plazas de financiación pública -propias o concertadas- y un 1,6% de financiación privada). La comunidad con mayor índice de cobertura es Castilla y León, con un 7,8%, y la que menos, la Región de Murcia, con 2,3%.
El número medio de plazas por centro es de 70 Plazas (la media más alta está en la C. Madrid, 110 plazas por centro, y la más baja, la de Extremadura, 46).
Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,6 por cada 100 mayores de 65 años.
Hay que recordar que unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente grado II y III de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho. La Asociación de Directoras Y Gerentes de Servicios Sociales estima que «más de la mitad de los grandes dependientes y dependientes severos solicitan una residencia o una prestación económica vinculada para ser atendidos en un centro residencial».
El precio público €/año/ por usuario es 20.686 y el de la concertación es de 19.324. La aportación promedio de la persona usuaria es del 36% y 40% respectivamente.
«Vale la pena recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 € mensuales (1.140 € la de jubilación y 713 la de viudedad)» señalan desde la Asociación de Directoras Y Gerentes de Servicios Sociales.
Las diferencias alcanzan a los precios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados y, especialmente, lo que abonan las propias personas usuarias en estos centros. El 80% de las personas que viven en residencias tiene más de 80 años. El 71% son mujeres.
En este aspecto encontramos una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 € anuales en Comunidades como la Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, la C. Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 € anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco; en estas dos últimas Comunidades con cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 € respectivamente.
«Vale la pena recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 € mensuales (1.140 € la de jubilación y 713 la de viudedad)» señalan desde la Asociación de Directoras Y Gerentes de Servicios Sociales.
Resulta así que en algunas Comunidades las personas usuarias abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30%, incluso una de ellas, La Rioja, el 25%.
A la vista de estos datos,» resulta evidente el esfuerzo que deben realizar algunas Comunidades para promover la construcción y/o concertar nuevas plazas residenciales para personas mayores y, en especial, para incrementar las plazas de financiación pública, que son las que aseguran el derecho efectivo a disfrutar de una plaza cuando se precise» afirman desde la Asociación de Directoras Y Gerentes de Servicios Sociales.
El medio rural sin plazas residenciales
Asimismo la Asociación de Directoras Y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, dichas plazas no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad,» constituyendo un factor que agudiza el vaciamiento de estas zonas, con una gran carga de sufrimiento para quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos».
Por otro lado, consideran que en las grandes urbes como Madrid, donde la demanda de plazas residenciales es mayor, «las plazas de financiación pública se están alejando de los grandes núcleos poblacionales donde son mucho más rentables las plazas privadas, con los perjuicios en desplazamientos y tiempos de visitas que esto ocasiona para las familias y las propias personas mayores».
El análisis de UDP ANTE LA SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS
Antes de esta crisis sanitaria de la Covid-19, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España -UDP, ya habíamos llamado la atención sobre el inadecuado ratio cuidador/a-usuario/a en los centros residenciales de mayores.
Una problemática que ante un estado como el actual, siendo estos centros más vulnerables a contagios masivos por coronavirus, evidencia el desborde al que se ven sometidos muchos de estos trabajadores y trabajadoras, dada la imposibilidad de prestar una atención adecuada por falta de personal, a las personas residentes.
Es imprescindible apoyar a todas ellas, a todas las profesionales cuidadoras en residencias y cuidadoras en domicilio que siguen desarrollando su labor asistencial, cuidando de manera directa, arriesgando cada día su propia salud.
Gracias a su labor, las personas más vulnerables a coronavirus Covid19 tienen una oportunidad para combatir la pandemia, pero también el aislamiento, las situaciones de dependencia y la soledad, un trío que no entiende de crisis sanitarias y que son las únicas compañeras, hoy también, de muchas mayores y personas vulnerables.
Las residencias para mayores han sido lugares donde el COVID 19 ha hecho estragos. La edad de quienes las habitan (en su mayoría más de 80 años), la fragilidad de su salud en muchas ocasiones y la convivencia en un mismo entorno, con ausencia de dormitorios individuales, hacen que hayan constituido uno de los escenarios más expuestos a la enfermedad y a su contagio, y que sus consecuencias hayan sido más letales.
Este hecho nos impele a reabrir antiguos debates como el de las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente pensando en la necesidad de incrementar la ratio de gerocultores/as y reformular sus funciones y su remuneración.
Es, además, necesario un debate en profundidad sobre el modelo residencial, al que desde UDP también nos sumamos a reivindicar para superar el modelo asistencialista y sobreprotector que todavía impregna estos centros, avanzando hacia modelos que ofrezcan entornos íntimos, evitando la masificación y facilitando la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona desde la perspectiva de que estos centros son lugares para vivir y convivir-sustituyen a los hogares familiares- y no centros sanitarios.
Los últimos datos muestran que hasta un 30-40% de las personas que han muerto por coronavirus vivían en residencias de personas mayores. Estos datos han puesto de manifiesto la profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración, así como la falta de respuesta del estado del bienestar a las necesidades y derechos que todas las personas tenemos a lo largo de nuestra vida.
Desde la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores se han enviado al Gobierno una serie de propuestas concretas para hacer frente a la actual emergencia, pero mirando hacia el futuro, analizando las carencias y problemas que ya existían antes de la crisis. Es el momento de trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y defender el derecho a una vida autónoma y digna, sea cual sea nuestra edad.
Fuentes de información:
Asociación de Directoras Y Gerentes de Servicios Sociales
Imserso
