La accesibilidad y la participación, claves en la amigabilidad de las ciudades

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La accesibilidad universal es una obligación de las administraciones para garantizar la amigabilidad de las ciudades y la plena libertad y autonomía de su ciudadanía. Esta es la conclusión que se extrae de la jornada “La ciudad como espacio de vida y convivencia”, la primera sesión del II Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal. Envejecimiento, cronicidad y discapacidad que se ha celebrado en Barcelona los días 2 y 3 de febrero. 

Inmaculada Ruiz, presidenta de Mayores UDP, y Joan Ramon Riera, concejal de Infancia, Juventud y Personas Mayores del Ayuntamiento de Barcelona, fueron los encargados de inaugurar el acto incidiendo en la necesidad de que las ciudades y comunidades sean para todas las personas. Para ello, las políticas locales y los servicios se deben diseñar y organizar para que las personas mayores vivan dignamente y puedan participar activamente de la sociedad. Asimismo, recordaron el reto que supone adaptar las urbes a la nueva realidad demográfica y a la longevidad para garantizar el derecho a la accesibilidad, movilidad y atención de toda la población, ya que “los derechos sociales no son un coste, son un deber”. 

La ponencia inaugural fue a cargo de Enrique Rovira-Beleta, arquitecto y especialista en Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, quien afirmó que la accesibilidad no es solo una necesidad para las personas con grandes discapacidades, sino que es una ventaja para toda la sociedad. En su intervención puso el foco en el perjuicio que supone que las facultades de arquitectura no tengan asignaturas obligatorias en accesibilidad, pues demuestra que aún no se valora lo suficiente y eso conlleva una falta de especialistas en esta materia. “La accesibilidad bien hecha es aquella que pasa desapercibida y que se puede personalizar”, aseguró el arquitecto. Asimismo, recordó la necesidad de que las ciudades se piensen para las personas mayores y que la nueva dimensión de la arquitectura accesible sea el tamaño de una silla de ruedas para garantizar que es amigable con toda la sociedad.  

La participación, clave en la amigabilidad de las ciudades

Maite Pozo, coordinadora de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores en España de Imserso, aseguró que las Administraciones deben dar respuesta al reto demográfico de forma conjunta en su intervención en la mesa redonda “Participación y amigabilidad de las ciudades y comunidades”. En su presentación de la Red de Ciudades Amigables remarcó que su objetivo es “mejorar el entorno de las ciudades para facilitar un envejecimiento saludable, activo y satisfactorio que facilite la autonomía personal el máximo tiempo posible”. Para ello, considera imprescindible escuchar a las personas mayores en el proceso de diseño del entorno y las políticas que les afecten para que sean protagonistas del proceso de transformación.    

Esther Martín, referente del programa Vincles del Ayuntamiento de Barcelona, presentó este proyecto pionero para prevenir la soledad en las personas mayores, ampliar las relaciones sociales y vincular a este colectivo con los servicios y recursos comunitarios. “Vincles promueve el empoderamiento de las personas y su autonomía, a la vez que fomenta la comunicación en un entorno confidencial, promueve la participación social y el sentimiento de pertinencia y facilita las relaciones intergeneracionales”, aseguró la técnica municipal.  

Finalmente se presentaron dos iniciativas en los municipios de Abadiño (Vizcaya) y Langa de Duero (Soria) como ejemplos en los que la participación permite que las personas mayores sean agentes activos en la transformación del municipio y que colaboren en su amigabilidad. José María Macías, miembro de Abadiño Lagunkoia, reivindicó la necesidad de reconocer la diversidad en el colectivo de las personas mayores, ya que “se nos trata como un grupo homogéneo y la realidad es que somos muy diversos y con necesidades muy dispares”. Roser Batlle, fundadora de la Red Aprendizaje-Servicio también presentó la iniciativa “Fem un Salt més inclusiu” para demostrar que este tipo de iniciativas sirven para orientar el talento y las capacidades de las personas en formación y enfocarlas hacia la justicia social y el bien común. 

Montserrat Pallàres, presidenta de COCEMFE Barcelona y moderadora de la mesa redonda, quiso finalizar el acto recordando que “si las ciudades se piensan como espacios para todas las personas, las generaciones posteriores no deberán reclamar que sean inclusivas”, a la vez que afirmaba que para hablar de ciudades amigables hay que tener en cuenta la participación activa, un factor que mejora la salud y el bienestar de su ciudadanía. 

La accesibilidad es imprescindible para lograr espacios amigables 

La última mesa redonda giró alrededor de la accesibilidad como elemento imprescindible de la amigabilidad en una ciudad. Joan Ramon Riera, concejal de Infancia, Juventud y Personas Mayores del Ayuntamiento de Barcelona, habló de la necesidad de saber atender y diseñar las ciudades para satisfacer a todas las pluralidades. Para ello considera que es muy importante la transversalidad. El concejal aseguró que Barcelona está a la vanguardia en accesibilidad y que tiene como objetivo diseñar entornos amables y confortables para todas las edades a través de la participación de todos los agentes implicados.

Posteriormente, Marta Inmaculada Aparicio, directora del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca, expuso las acciones que lleva a cabo la ciudad leonesa para ser amigable con su ciudadanía. Para ella, “la accesibilidad no es una opción sino una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y puedan participar de la ciudad en igualdad de condiciones”. También aprovechó su intervención para recordar la responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de no generar discriminación en el ámbito de la contratación y de garantizar la igualdad de condiciones para acceder a los espacios públicos. “La discapacidad no puede ni debe predicarse como condición de las personas, sino que son los entornos, productos y servicios los que pueden generar discapacidades si no cuentan con los estándares de accesibilidad universal”, concluyó.

Sobre la necesidad de hacer políticas transversales giró la intervención de Francesc Romeu, especialista en accesibilidad universal. El valenciano aseguró que “la accesibilidad universal debe ser el eje sobre el que pivote toda la acción política”. Asimismo, pidió una participación intersectorial e intergeneracional, que se valore la opinión de la ciudadanía que usa los espacios públicos y que se apliquen las leyes y normas que se aprueban al respecto. Por último, resumió que, el objetivo final es “hacer la vida más fácil a las personas y que todo sea perfectamente usable por todas con la máxima autonomía e independencia”. 

La siguiente sesión del II Congreso sobre el Derecho a la Autonomía Personal. Envejecimiento, cronicidad y discapacidad, tendrá lugar en la ciudad de Salamanca los días 23 y 24 de febrero bajo el título “Tecnología para mejorar la calidad de vida. De las TIC a las TEP”. 

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