Los gobiernos adoptan en Naciones Unidas una decisión histórica para iniciar la redacción de una convención internacional sobre los derechos humanos de las personas mayores
Los Estados Miembros de Naciones Unidas han adoptado en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra una resolución histórica para crear un nuevo grupo de trabajo intergubernamental encargado de redactar un instrumento internacional jurídicamente vinculante, la convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas mayores.
Este hito es la culminación de muchos años de defensa y campaña para las personas mayores, la sociedad civil y otros defensores de todo el mundo, incluida la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y el resto de entidades que conforman la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, en representación de España y en coordinación con la Subdirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y las Misiones Permanentes de España en Ginebra y Nueva York, han participado en las reuniones previas en las que se ha recomendado la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y la realización, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos de las personas mayores.
Las pruebas recopiladas durante este periodo han demostrado que una convención específica es la mejor respuesta a las deficiencias y la fragmentación del sistema internacional de derechos humanos.
Esta nueva convención internacional de Naciones Unidas tendrá un impacto positivo en las vidas de las personas mayores de todo el mundo hoy en día, y beneficiará a toda la sociedad a medida que envejecemos. Proporcionará una mayor claridad y una orientación esencial a los Estados sobre cómo promover y proteger mejor los derechos de las personas mayores. Ayudará a erradicar el edadismo y la discriminación por razón de edad, asegurando que las personas mayores puedan acceder a la justicia y reparación por la vulneración de sus derechos.
Tras la clausura del Grupo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento el año pasado, surgió la incógnita sobre el siguiente paso para avanzar en la convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores.
Es fundamental destacar la participación activa del Gobierno de España, que ha señalado en su intervención cómo el impulso de la convención está respaldado por el mandato del II Plan Nacional de Derechos Humanos. También ha subrayado el papel clave de la sociedad civil, que durante años ha promovido y seguido de cerca las negociaciones de la convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores. Asimismo, España ha enfatizado la importancia de que esta resolución se aprobara por consenso, lo que finalmente se ha logrado.
Los próximos pasos a nivel de Naciones Unidas consistirán en definir cómo se asignarán los recursos y se organizará el nuevo grupo de trabajo intergubernamental. Será fundamental involucrar a todos los actores, desde el gobierno hasta la sociedad civil y, especialmente, garantizar la participación de las personas mayores, asegurando que sean el eje central de la convención.
Grupo de trabajo intergubernamental
La resolución establece que el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (es decir, abierto a la participación de la sociedad civil), se reunirá cada año en Ginebra en dos períodos de sesiones de cinco días de duración, retransmitido por Internet.
Además, invita a los Estados, a las organizaciones, organismos, fondos y programas competentes de las Naciones Unidas, a las instituciones nacionales de derechos humanos, a la sociedad civil, especialmente a las personas de edad y a las organizaciones que las representan, a que contribuyan activa y constructivamente a la labor del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta.
También exhorta al grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta a que aliente y promueva la participación y el compromiso significativos de las personas de edad y sus organizaciones representativas de todos los grupos regionales, de manera inclusiva, y en particular a que dé a las personas de edad la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el tema y el contenido del proyecto de instrumento internacional jurídicamente vinculante.
Finalmente, pide al grupo de trabajo intergubernamental que presente un informe sobre los progresos realizados al Consejo de Derechos Humanos para que lo examine en su 63º período de sesiones (prevista para finales de 2026) y que publique el informe en un formato accesible y de fácil lectura.
Para la elaboración de esta Convención la ONU reafirma la Carta de Naciones Unidas y la obligación de todos los Estados de respetar, proteger y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. También menciona la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y recuerda la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares y todos los demás tratados e instrumentos pertinentes de derechos humanos. Al mismo tiempo, tiene presente los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, y todas las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General, que establecieron la conclusión del Open Working Group of Ageing en Nueva York en la que se recomendó la elaboración de esta Convención.
Mesa Estatal sobre los derechos de las personas mayores
La Mesa Estatal a favor de las personas mayores se crea en Madrid en octubre de 2013. Su misión es defender los derechos de las personas mayores frente a abusos o violencia, luchar contra la discriminación por edad, hacer visible a este colectivo en el actual sistema de protección de derechos humanos, destacar sus contribuciones positivas que realiza a sus familias y a la sociedad en general. Para ello, la Mesa apoya firmemente la elaboración, la adopción, la ratificación y la implementación de una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores.
La Mesa Estatal a favor de las Personas Mayores está constituida por:
