La Plataforma del Tercer Sector, mediante un proceso participativo con sus organizaciones miembro, ha elaborado propuestas en materia social, derechos e inclusión ante las elecciones previstas para 2019 y evitar más «vulnerabilidad, riesgo y desigualdad».
Todas las iniciativas y medidas que se enuncian a continuación se desplegarán asumiendo la perspectiva transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera que se integren y apliquen en las acciones que se lleven a cabo, así como la perspectiva de género; el valor de la diversidad y la necesidad de gestionarla de acuerdo a los objetivos de convivencia e inclusión entre la ciudadanía; la promoción de la acción voluntaria en la sociedad; y por supuesto, la no discriminación por razón de género, discapacidad, origen racial o étnico, edad u orientación e identidad sexual.
EN MATERIA SOCIAL, DERECHOS E INCLUSIÓN ANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2019
1. La Plataforma del Tercer Sector reclama a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales que asuman el compromiso de promover un marco normativo propio que ofrezca garantías jurídicas y permita condiciones económicasque garanticen la estabilidad y sostenibilidad del Tercer Sector.
a. Se reclama a los partidos políticos su compromiso con el desarrollo de la Ley 43/2025, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, y con las prioridades establecidas por la Plataforma, en tanto dimensión y alcance perceptivo de la Comisión para el Diálogo Civil; reconocimiento de las entidades de acción social como colaboradoras de la Administración General del Estado y creación de un inventario propio, de carácter público, cuya titularidad y gestión corresponda a la AGE.
b. Se reclama a los partidos políticos su compromiso con la estabilidad ysostenibilidad del Tercer Sector, para lo cual exigimos el mantenimiento del modelo de doble tramo en las subvenciones del IRPF, así como la garantía de publicación de la convocatoria 2019; el desarrollo reglamentario de la Disposición Adicional 103 de la Ley de PGE 2018 respecto a la asignación tributaria con cargo al Impuesto de Sociedades; la aprobación del Programa de Impulso de las Entidades del Tercer Sector (previsto en el art.7 de la Ley del Tercer Sector), así como la mejora de los instrumentos de financiación y justificación.
2. La Plataforma del Tercer Sector reclama a los partidos políticos una reforma de la Constitución Española de 1978 para dotar de rango de derecho fundamental –máximo grado de protección y garantía– a los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía española, comprendidos los de las personas con discapacidad (y sus familias), que aseguren su inclusión en la comunidad y la vida independiente, mediante la no discriminación y la acción positiva.
En esta línea, se reclama la modificación del artículo 49, tanto de su contenido, como de su ubicación, para configurar la igualdad y la inclusión como derecho fundamental, actualizando el enfoque y la terminología al paradigma de derechos humanos de la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006. Finalmente, se reclama la modificación de la Ley Orgánica del Régimen General para introducir la obligación de que se incluya en las listas electorales candidatos y candidatas con discapacidad, uno al menos por cada diez, o si el número total es menor, uno por fracción.
En el ámbito de los derechos, la Plataforma del Tercer Sector demanda la ratificación de la Carta Social Europea revisada, en Cortes Generales, pero sin que haya entrado en vigor, así como de sus mecanismos de seguimiento y aplicación.
3. La Plataforma del Tercer Sector solicita a los partidos políticos la suscripción de un Pacto contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social, cuyo objetivo esencial sea la reducción de la tasa de personas que se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión (26,6%) y de pobreza infantil (31%) al 15%, la reducción de los hogares monoparentales del 47,9% actual al 25%, así como bajar el índice de desigualdad al 5% (actualmente en el 6,6).
En este punto, se hace una llamada a los representantes políticos en cuanto a la prevención y detención de desahucios, la erradicación del sinhogarismo y la pobreza energética. Se necesita un plan de choque de vivienda pública que contemple el incremento de vivienda social (construcción de vivienda protegida el 15% del total) y los alquileres a precios asequibles. En cuanto a la pobreza energética, se exige el control de los poderes públicos con las comercializadoras para que no se apliquen tarifas inaccesibles para hogares con bajos ingresos.
4. La Plataforma del Tercer Sector reclama a los partidos políticos que asuman un compromiso claro con un Pacto de Estado por la Infancia, en línea con la Proposición No de Ley aprobada por consenso el pasado mes de diciembre de 2018. Dicho Pacto se articula con compromisos concretos en materia de inversión en infancia, educación infantil y refuerzo del sistema de protección. Así, debe existir un compromiso progresivo para incrementar la cuantía de la prestación por hijo a cargo, así como de su cobertura, tratando de alcanzar los 100 euros mensuales.
5. La Plataforma del Tercer Sector reclama a los partidos políticos que adopten medidas en relación con la dimensión del fenómeno migratorio para prevenir la irregularidad sobrevenida y la situación de las personas inexpulsables, así como a impulsar acciones de sensibilización en la población acogedora que evite el florecimiento de actitudes y comportamientos xenófobos. Se insta así, a la identificación y modificación de la legislación de extranjería en aras a prevenir la irregularidad sobrevenida y buscar una salida legal a la situación de las personas en situación de irregularidad crónica (personas extranjeras que llevan muchos años residiendo en España sin poder acceder a una autorización y que no van a poder ser expulsados).
Igualmente, desde la PTS se reclama asegurar el pleno desarrollo de la normativa que garantice el derecho a la sanidad pública de forma universal.
6. La Plataforma del Tercer Sector reclama a los partidos políticos su compromiso con el desarrollo reglamentario de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Igualmente, según mandato legislativo se debe crear la Comisión Interministerial de Voluntariado cuya función será coordinar la actuación de los departamentos ministeriales con competencia sobre el voluntariado. También debe crearse y regularse elObservatorio Estatal del Voluntariado como órgano colegiado de participación de las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Plataformas de Voluntariado. Tanto el reglamento de la ley, la creación de la Comisión Interministerial y el Observatorio del Voluntariado con sus respectivas órdenes ministeriales regulatorias, debían haberse aprobado en el plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley en octubre de 2015.
7. La Plataforma del Tercer Sector reclama a los partidos políticos la adaptación del ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se insta a la aprobación de una Ley Orgánica, en los dos primeros años de la Legislatura (debería haberse producido antes de finales de 2017), que adapte todo el ordenamiento jurídico español a los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), en los aspectos aún no actualizados: Igual capacidad jurídica; acceso a la Justicia y tutela judicial efectiva; educación inclusiva; libertad personal (eliminación del ordenamiento jurídico de la posibilidad de los internamientos no voluntarios por razón de trastorno mental); apoyos públicos suficientes para la autonomía personal, la vida independiente y la inclusión en la comunidad, etc.
8. La Plataforma del Tercer Sector reclama a los partidos políticos fomentar las estrategias de desarrollo local y regional para que se aproveche el potencial del medio rural, evitando, de esta manera, el despoblamiento. Para ello debe primarse el abastecimiento energético sostenible, el acceso a servicios públicos y evitar la brecha digital cumpliendo con el compromiso de desarrollo de banda ancha en el medio rural.
9. La Plataforma del Tercer Sector reclama a los partidos políticos aumentar el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta el 0,5% RNB como paso intermedio hasta llegar al compromiso con el 0,7%, priorizando la recuperación de las instituciones clave del sistema – como la AECID- e instrumentos y líneas estratégicos como la Acción Humanitaria, la Educación para el Desarrollo, las iniciativas de promoción de los derechos humanos y el espacio cívico y democrático, la transversalización del género en la cooperación y la infancia. Además, recuperar y situar en el centro de la acción exterior una política de cooperación ambiciosa, transformada y conectada con una ciudadanía comprometida y solidaria, que impulse la dimensión internacional de la Agenda 2030 y el liderazgo de España en el seno de la alianza global para el desarrollo inclusivo y sostenible.
10. La Plataforma del Tercer Sector traslada a los partidos políticos la necesidad de promover espacios de participación, interlocución y corresponsabilidad con el Tercer Sector y asumir el papel de éste como agente legítimo del diálogo civil, razón por la que se solita su reconocimiento e inclusión en el Comité Económico y Social de España (CES), como en el Comité Económico y Social Europeo (CESE). El Tercer Sector es un actor imprescindible en la nueva arquitectura política global, por supuesto por su defensa de los derechos de las personas y la promoción de políticas públicas que favorezcan la igualdad y la inclusión, sino también, por ser un actor clave en la creación de alianzas y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.